Polémica en la Policía Bonaerense: denuncian la exclusión de un candidato a presidente y crecen los cuestionamientos a la conducción del Círculo de Suboficiales
Walter de la Fuente, exdirector de Enlace Institucional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y reconocido referente solidario, asegura que le impiden competir en las próximas elecciones por una deuda de cuotas sociales que afirma estar dispuesto a regularizar. A la controversia se suman cuestionamientos sobre la legitimidad de la actual conducción, una fuerte caída en la cantidad de asociados y presuntas irregularidades administrativas y financieras.
La renovación de autoridades de la Asociación del Personal del Círculo Policial de los Suboficiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires quedó envuelta en una fuerte controversia. Lo que debería ser un proceso democrático para definir el futuro de la institución se convirtió en el centro de una disputa que pone sobre la mesa cuestiones fundamentales: el derecho a participar, la transparencia administrativa y la representación de miles de integrantes de la familia policial.
En medio de este escenario, Walter de la Fuente, reconocido exintegrante de la fuerza que llegó a desempeñarse como director de Enlace Institucional de la Policía bonaerense, denunció que no le permiten presentarse como candidato a presidente de la asociación. Según sostiene, el impedimento estaría relacionado con una deuda de cuotas sociales que está dispuesto a regularizar, pero que, de acuerdo con su versión, no le permiten resolver para habilitar su participación electoral.
La situación generó un fuerte malestar en el exfuncionario policial, quien considera que el conflicto podría solucionarse mediante el pago de las obligaciones pendientes y cuestiona que esa circunstancia termine dejándolo fuera de la contienda.
“Siento que me están proscribiendo. Soy una persona que siempre trabajó por los demás y que nunca buscó nada para sí misma. Lo hice desde el lugar que ocupé en esta Policía que tanto amo y defiendo, y lo sigo haciendo ahora que ya no formo parte de ella”, manifestó De la Fuente.
Sus declaraciones colocan a la asociación frente a un interrogante central: ¿deben las diferencias administrativas convertirse en un impedimento para competir por la conducción de una institución que representa a sus asociados? La respuesta requiere analizar el estatuto vigente, las condiciones de elegibilidad y las razones formales que fundamentan la decisión cuestionada.
Una trayectoria policial y solidaria que hoy queda en el centro de la disputa
La figura de Walter de la Fuente trasciende su paso por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además de su trayectoria institucional, lleva 45 años como bombero voluntario del Cuartel de La Boca y participa en distintas iniciativas solidarias en el conurbano bonaerense a través de su personaje, El Payaso Solidario Tuerquita.
Su actividad comunitaria también incluye su participación en el Rotary Club de Villa Madero y en el Club Social San Justo, espacios desde los cuales mantiene vínculos con distintas organizaciones y sectores de la sociedad.
De la Fuente sostiene que su compromiso con los demás ha sido una constante a lo largo de su vida, tanto durante su carrera policial como después de su retiro. Por eso, interpreta su exclusión de la competencia electoral como una situación que merece ser revisada y aclarada.
Para el exdirector de Enlace Institucional, la discusión no debería limitarse a una deuda de cuotas, sino que también debería contemplar la posibilidad de regularizarla y garantizar que las reglas de participación se apliquen de manera clara y equitativa.
La deuda de cuotas sociales, el argumento que cuestiona el candidato
Según relató De la Fuente, el inconveniente se originó cuando pasó de la condición de personal activo a retirado y dejó de abonar determinadas cuotas sociales que, durante su etapa en actividad, se descontaban de su recibo de sueldo.
“Resulta que me reclaman cuotas que olvidé pagar cuando pasé de activo a pasivo, algo que quiero regularizar, pero no me lo permiten. Me parece una cuestión mínima, porque cuando uno deja de formar parte de la fuerza pierde el seguimiento de algunos pagos que vienen descontados del recibo de sueldo”, señaló.
El exefectivo afirma que tiene voluntad de resolver la situación económica pendiente y cuestiona que no se le brinde una alternativa para hacerlo antes de las elecciones.
El punto central será determinar qué establece el estatuto de la asociación respecto de las deudas sociales, cuáles son los requisitos para integrar una lista y si existe algún mecanismo formal para regularizar obligaciones pendientes antes del cierre de las candidaturas.
Hasta que se conozcan esos elementos y la posición oficial de las autoridades, la denuncia de exclusión constituye la versión expresada por el propio interesado y requiere una respuesta institucional que permita esclarecer los hechos.
Cuestionamientos a la legitimidad de la actual conducción
La controversia no termina en la situación individual de De la Fuente. El exfuncionario también cuestionó la forma en que se habría conformado la actual comisión directiva y sostuvo que no se habrían respetado determinadas disposiciones del estatuto social.
“El actual titular se hizo cargo tras el fallecimiento del presidente y del vicepresidente, sin seguir los pasos correspondientes. Eso hizo que la asociación perdiera prestigio”, afirmó.
Sus declaraciones abren otro frente de discusión: la necesidad de determinar si la sucesión de autoridades se realizó conforme a las normas internas y si las decisiones adoptadas cuentan con el respaldo estatutario correspondiente.
Se trata de una cuestión relevante para cualquier asociación civil, especialmente cuando se aproxima una renovación de autoridades. La legitimidad de una conducción no depende solamente de quién ejerce los cargos, sino también del cumplimiento de los procedimientos establecidos, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos de los asociados.
Las objeciones planteadas por De la Fuente requieren ser contrastadas con las actas, las resoluciones institucionales y las disposiciones estatutarias aplicables.
Una caída en la cantidad de socios que enciende las alarmas
Otro de los puntos señalados por el exdirector de Enlace Institucional es la presunta reducción del número de asociados. Según sus estimaciones, la entidad habría pasado de contar con aproximadamente 20.000 socios a alrededor de 7.000.
De confirmarse esas cifras, la disminución representaría un desafío significativo para la institución, tanto en términos de representación como de sostenibilidad económica. Sin embargo, para establecer su alcance real sería necesario conocer los padrones históricos y actuales, así como los registros oficiales de altas y bajas.
“Desde las delegaciones del interior hay continuos reclamos porque los efectivos ya no se sienten representados. Por ejemplo, el encargado de la regional San Nicolás difundió una extensa y clara carta abierta en la que expresó su total disconformidad con el manejo actual de la institución”, detalló De la Fuente.
El planteo refleja una preocupación que va más allá de una disputa entre dirigentes: el vínculo entre la conducción de la asociación y los integrantes que esperan encontrar en ella una representación efectiva de sus intereses.
La carta abierta de San Nicolás: críticas al manejo institucional y pedido de explicaciones
En paralelo a los cuestionamientos de De la Fuente, Edgardo Javier Camer, identificado como titular de la regional San Nicolás, difundió una carta abierta en la que expresó fuertes objeciones al funcionamiento de la asociación.
En el documento, Camer sostuvo que se presentaron notas e informes en reiteradas oportunidades para proteger a la institución y garantizar su correcto funcionamiento, pero aseguró que esas presentaciones no recibieron respuestas satisfactorias.
“La comisión que hoy dice conducirnos se encuentra acéfala: no fue elegida como corresponde, se eligieron a sí mismos, sin respetar el Estatuto Social, sin cumplir los pasos que la norma exige, poniendo intereses propios por encima de la institución y de todos nosotros”, expresó.
La acusación plantea dudas sobre la regularidad de la conformación de la comisión directiva. No obstante, para determinar si existieron incumplimientos será necesario revisar la documentación correspondiente y conocer la respuesta de las autoridades cuestionadas.
Camer también criticó la posibilidad de que integrantes de la actual conducción vuelvan a ocupar cargos directivos sin que, según su postura, se hayan brindado explicaciones suficientes sobre la situación económica de la entidad.
“Lo más grave: estas mismas personas pretenden integrarse nuevamente en cargos directivos, sin poder aclarar el déficit existente, sin explicar qué hacen con el dinero y sin comunicar a los delegados nada sobre convenios, contratos ni ventas realizadas. No pueden pedir confianza quienes no rinden cuentas de nada”, afirmó en la carta.
Sus manifestaciones apuntan a una demanda concreta: mayor información sobre la administración de los recursos, las operaciones realizadas y el estado financiero de la asociación.
Las presuntas irregularidades financieras, otro foco de conflicto
En otro tramo de la misiva, el representante regional describió un panorama económico que calificó de preocupante y cuestionó la falta de información sobre determinadas decisiones comerciales y administrativas.
“Los resultados están a la vista: una deuda creciente, imposible de afrontar. Déficit mes tras mes. Los números que aparecen en los balances no concuerdan con la realidad que vivimos. Se celebran convenios, eventos y alquileres a espaldas de los delegados y de los socios, sin dar información, sin autorización y sin rendir cuenta alguna de lo recaudado”, sostuvo.
Las declaraciones incluyen señalamientos sobre presuntos déficits, diferencias contables y falta de información relativa a convenios, eventos, alquileres y otras operaciones.
Por la gravedad de esos planteos, resulta fundamental distinguir entre las denuncias formuladas y los hechos que puedan acreditarse documentalmente. Para esclarecerlos sería necesario acceder a los balances, las actas de aprobación, los contratos y las rendiciones de cuentas correspondientes, además de incorporar la respuesta de los responsables de la administración.
La transparencia financiera constituye un aspecto esencial en el funcionamiento de una asociación civil: los socios necesitan contar con información clara y verificable para evaluar cómo se utilizan los recursos y qué decisiones se toman en su nombre.
Una elección que exige claridad, reglas y respuestas
La proximidad de los comicios convierte esta controversia en un asunto de especial importancia para el futuro de la asociación. Por un lado, De la Fuente reclama que se revise su exclusión y sostiene que está dispuesto a regularizar la deuda que le atribuyen. Por otro, Camer cuestiona la legitimidad de la conducción y reclama explicaciones sobre la administración de los recursos institucionales.
Ambas posiciones confluyen en una serie de interrogantes que deberán ser respondidos con documentación y procedimientos claros: cuáles son las condiciones para participar de las elecciones, cómo se conformó la actual comisión directiva, cuál es la situación real del padrón de socios y qué información existe sobre las cuentas de la entidad.
La asociación tiene la oportunidad de aportar claridad mediante la publicación de las normas electorales, la fundamentación formal de las decisiones sobre las candidaturas y la presentación de información institucional y financiera verificable.
Para los asociados, el objetivo central debería ser contar con un proceso transparente, con reglas conocidas y aplicadas de manera uniforme, en el que las diferencias puedan resolverse por los canales correspondientes.
Walter de la Fuente: “El estatuto lo cumplieron conmigo, pero ellos no lo hicieron”
Al cerrar sus declaraciones, De la Fuente volvió a cuestionar lo que considera un trato desigual entre su situación y la de quienes actualmente conducen la institución.
“Lo que más bronca me da es que el estatuto lo cumplieron conmigo, a pesar de que quiero subsanar mi error, pero ellos no lo hicieron en ningún momento”, concluyó.
Su denuncia deja planteada una discusión que deberá resolverse a partir de las normas vigentes y de las pruebas disponibles. La decisión sobre su candidatura, los cuestionamientos a la conducción y las críticas sobre la situación financiera necesitan respuestas concretas para evitar que la controversia profundice la desconfianza entre los asociados.
En definitiva, la renovación de autoridades representa una instancia decisiva para el Círculo de Suboficiales de la Policía bonaerense. La claridad sobre las candidaturas, el respeto por el estatuto, la rendición de cuentas y el acceso a la información serán elementos fundamentales para que los socios puedan conocer la situación de la institución y participar de un proceso electoral debidamente respaldado.
Las denuncias y acusaciones mencionadas en esta nota corresponden a las personas citadas y no implican, por sí mismas, que se hayan acreditado irregularidades. La respuesta oficial de la asociación y la documentación institucional resultan necesarias para completar el panorama y establecer los hechos con precisión.
