Cuando una sesión se cae por falta de quórum se suele informar como un hecho administrativo: no hubo número. Esa descripción esconde lo que realmente ocurrió, que es una decisión política tomada por quienes no bajaron al recinto.
La ventaja de esa forma de decidir es evidente. Votar en contra queda registrado y hay que explicarlo; no aparecer no queda registrado en ningún lado.
El costo institucional
El problema excede a cualquier bloque en particular, porque todos usaron el recurso cuando les convino. El costo lo paga la institución: una cámara que no puede sesionar transfiere poder al Ejecutivo, que legisla por decreto en el espacio que el Congreso deja vacío.
Existen soluciones técnicas discutidas hace años: registrar la asistencia de todos los legisladores esté o no la sesión, publicar las ausencias, sancionar la inasistencia reiterada.
Ninguna prosperó, lo que probablemente sea la mejor prueba de para qué sirve el sistema actual.