La reforma constitucional de 1994 estableció que debía sancionarse un nuevo régimen de coparticipación federal antes de finalizar 1996. Ese plazo venció hace tres décadas y la ley todavía no existe. Lo que rige es una norma de 1988 corregida por decenas de pactos, detracciones y fallos judiciales.
El motivo del bloqueo es sencillo de enunciar y muy difícil de resolver: la Constitución exige que la nueva ley se apruebe con acuerdo de todas las provincias. Cualquier distrito que pierda un peso tiene poder de veto, y como el total es fijo, todo cambio implica que alguien pierde.
Un sistema que se resuelve en la Corte
A falta de ley, buena parte de la discusión terminó en los tribunales. La Corte Suprema resolvió reclamos de varias provincias por detracciones que consideraba inconstitucionales, y esos fallos fueron modificando de hecho el reparto.
Los especialistas coinciden en que el sistema actual es opaco: mezcla masa coparticipable, asignaciones específicas, fondos fiduciarios y transferencias discrecionales. Nadie discute que hay que ordenarlo; la discusión es quién paga el costo del orden.
Mientras tanto, cada presupuesto nacional vuelve a ser el escenario donde se negocia lo que la ley debería haber resuelto.