Argentina se declara federal y funciona, en materia de recursos, de manera bastante centralizada. Las provincias tienen a su cargo salud, educación, seguridad y justicia ordinaria —es decir, casi todo lo que una persona usa en su vida cotidiana— y una capacidad tributaria propia acotada.
La brecha entre lo que gastan y lo que recaudan se cubre con transferencias. Cuando una porción relevante de esas transferencias es discrecional, la autonomía provincial se vuelve nominal, porque depende de una negociación política y no de una regla.
Por qué no se corrige
La solución técnica se conoce desde hace décadas: una ley de coparticipación que ordene el sistema. La solución política no aparece porque cualquier reparto nuevo produce perdedores identificables y ganadores difusos.
Mientras tanto el sistema sigue funcionando por parches, con la Corte Suprema arbitrando lo que el Congreso no resuelve, que no es el mejor lugar para decidir cómo se reparte un país.
El federalismo no se defiende con declaraciones sino con reglas que no dependan de quién gobierna.