La ley de estupefacientes prevé que las provincias puedan asumir la competencia sobre determinados delitos vinculados a la comercialización minorista de drogas. Varias adhirieron a ese régimen, conocido como desfederalización.
La lógica del esquema es la escala. La justicia provincial investiga la venta minorista en el territorio; la justicia federal conserva las estructuras de tráfico, el contrabando y las organizaciones complejas.
La discusión sobre resultados
Los argumentos a favor señalan mayor capacidad de respuesta local y proximidad territorial. Las objeciones apuntan a que la persecución del eslabón más visible no afecta a las organizaciones y puede saturar el sistema penal provincial.
La coordinación entre fueros es el punto crítico: una investigación que empieza como minorista puede revelar una estructura mayor, y el traspaso de la causa requiere circuitos aceitados.
Los datos de causas iniciadas por jurisdicción se publican en los informes de los ministerios públicos.