La discusión por el presupuesto volvió a poner en el centro la relación entre el Ejecutivo nacional y las provincias. El Gobierno necesita votos que no tiene asegurados en ninguna de las dos cámaras, y los gobernadores llegan a la mesa con un reclamo que repiten desde hace años: saber cuánto van a recibir y cuándo.
El punto de conflicto no es solo el monto. Buena parte de las transferencias que llegan a las provincias no son automáticas, sino discrecionales, y eso convierte cada envío en una negociación separada. Los mandatarios provinciales sostienen que esa lógica les impide planificar obras que llevan más de un ejercicio presupuestario.
Qué pone cada lado sobre la mesa
El Ejecutivo ofrece previsibilidad en el cronograma de giros a cambio de acompañamiento legislativo. Las provincias, que administran salud, educación y seguridad, piden que esa previsibilidad quede escrita en el texto y no dependa de la relación política del momento.
En el bloque oficialista admiten que sin acuerdo el proyecto puede quedar trabado en comisión, un escenario que ya se repitió otras veces y que obliga a prorrogar el presupuesto anterior. Esa prórroga, en la práctica, le da al Ejecutivo más margen para reasignar partidas, algo que la oposición señala como el verdadero motivo de la demora.
La negociación seguirá durante las próximas semanas. Ninguna de las partes dio por cerrada la conversación.