El régimen climático internacional funciona sobre la base de contribuciones determinadas a nivel nacional: cada país define sus propias metas de reducción de emisiones y las presenta periódicamente, con obligación de aumentar la ambición en cada ciclo.
No hay un mecanismo sancionatorio. El sistema descansa en la transparencia: los países informan sus inventarios de emisiones, esos informes se revisan técnicamente y los resultados son públicos, lo que expone las brechas entre lo prometido y lo ejecutado.
Dónde está la discusión
Los balances globales muestran de manera consistente que la suma de los compromisos presentados no alcanza para los objetivos de temperatura acordados. La discusión se concentra entonces en el financiamiento: quién paga la transición en los países en desarrollo.
Para los países exportadores de energía y de alimentos, incluidas las economías sudamericanas, la agenda tiene un costado comercial concreto: los requisitos de huella de carbono empiezan a operar como condición de acceso a mercados.
Los inventarios y las contribuciones nacionales están publicados en el registro de la convención marco.