El financiamiento de las campañas electorales está regulado: hay aportes públicos que se distribuyen entre las fuerzas según su desempeño previo, aportes privados con tope y una prohibición expresa de los aportes anónimos y de los provenientes de contratistas del Estado.
Cada agrupación debe presentar informes de ingresos y gastos ante la Justicia Nacional Electoral. Esos informes son públicos y consultables. El problema es el momento: el control se hace cuando la campaña ya terminó y el resultado está definido.
Los puntos ciegos
La regulación fue diseñada para un mundo de actos, afiches y publicidad en medios tradicionales. La pauta digital, la segmentación en redes y el trabajo de cuentas que amplifican contenido sin declararse como campaña quedan en una zona gris.
Los especialistas señalan además la dificultad de rastrear aportes fraccionados en muchos aportantes pequeños, una práctica difícil de detectar con los recursos actuales del sistema.
La Cámara Nacional Electoral publica los informes de las agrupaciones en su sitio oficial.