La mediación penal es un mecanismo por el cual víctima e imputado, con asistencia de un mediador, pueden alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto sin necesidad de llegar a juicio.
No procede en cualquier caso. Los códigos procesales la habilitan para delitos de menor gravedad, en general con penas bajas y sin violencia sobre las personas, y excluyen expresamente los casos de violencia de género y los cometidos por funcionarios en ejercicio del cargo.
Cómo funciona
La participación es voluntaria para ambas partes y ninguna puede ser obligada. El acuerdo alcanzado se homologa judicialmente y, cumplido, extingue la acción penal.
Los argumentos a favor apuntan a la reparación efectiva del daño, que en el proceso tradicional rara vez se concreta, y a la descompresión del sistema judicial.
Las oficinas de mediación penal funcionan en la órbita de los ministerios públicos.