La prisión preventiva es la privación de libertad de una persona que todavía no fue condenada. Su naturaleza jurídica es cautelar: no busca castigar sino asegurar que el proceso pueda desarrollarse.
Los códigos procesales admiten dos fundamentos: el riesgo de que la persona se fugue y el riesgo de que entorpezca la investigación, por ejemplo influyendo sobre testigos o haciendo desaparecer prueba. Cualquier otro motivo la convierte en una pena anticipada.
Los criterios que se evalúan
Para valorar esos riesgos se consideran el arraigo de la persona, la gravedad de la pena en expectativa, los antecedentes y la etapa del proceso. La medida debe ser proporcional y revisarse periódicamente.
La discusión de política criminal es recurrente: los datos de los servicios penitenciarios muestran que una porción significativa de la población privada de libertad no tiene condena firme.
Las estadísticas penitenciarias se publican anualmente y son de acceso público.