El derecho a reparar es un conjunto de normas que obliga a los fabricantes de dispositivos electrónicos a poner a disposición repuestos, manuales técnicos y herramientas durante un período mínimo después de la venta.
El objetivo declarado es doble. Reducir la generación de residuos electrónicos, que es una de las corrientes de desecho que más rápido crece, y bajar el costo de uso para el consumidor, que hoy suele encontrar que reparar cuesta casi lo mismo que reemplazar.
Las prácticas que la norma apunta a limitar
Entre ellas figuran el pegado de baterías que impide su reemplazo, el uso de tornillos no estándar, la vinculación por software entre componentes que bloquea el uso de repuestos genéricos y la negativa a vender partes a talleres independientes.
La industria argumenta razones de seguridad y de calidad de servicio. Los reguladores responden que esas razones se pueden atender con certificación de talleres en lugar de con restricciones absolutas.
Los índices de reparabilidad ya son obligatorios en el etiquetado de algunas jurisdicciones.