El derecho laboral argentino está construido sobre una distinción binaria: se es trabajador en relación de dependencia o se es autónomo. Esa frontera era razonablemente clara cuando se escribió y hoy deja afuera a una cantidad creciente de personas.
El repartidor de plataforma, el profesional que factura a un solo cliente durante años, el programador que trabaja de manera remota para una empresa del exterior: ninguno encaja del todo en las dos categorías disponibles, y cada uno queda con la protección que le tocó por accidente.
Las dos respuestas insuficientes
Una respuesta consiste en forzar todo hacia la relación de dependencia, con el riesgo de que la actividad se vuelva inviable o se informalice. La otra consiste en dejar todo como autónomo, con el resultado de que millones de personas queden sin cobertura de salud ni aportes.
Otras jurisdicciones ensayaron figuras intermedias con derechos parciales. Los resultados son mixtos, pero al menos reconocen el problema.
La discusión argentina sigue siendo si la ley actual se aplica o no. Debería ser si la ley actual describe el trabajo que existe.