El proyecto conocido como "ficha limpia" propone que quien tenga una condena por delitos contra la administración pública confirmada en segunda instancia no pueda presentarse como candidato. Tiene versiones presentadas por distintos bloques y vuelve al Congreso con regularidad.
Los argumentos a favor apuntan a la calidad institucional: quien administra fondos públicos debería tener sus causas resueltas antes de volver a pedir el voto. Los argumentos en contra apuntan a un principio constitucional: la presunción de inocencia rige hasta que hay sentencia firme, y una condena de segunda instancia todavía admite recursos.
Dónde se traba
La discusión técnica se concentra en qué instancia tomar como umbral. Exigir sentencia firme vuelve la ley casi inaplicable, porque los procesos por corrupción tardan años. Tomar la segunda instancia adelanta el efecto pero choca con la objeción constitucional.
Varias provincias sancionaron versiones locales de la norma para cargos provinciales y municipales. Esas experiencias son las que suelen citarse en los debates parlamentarios.
El proyecto tuvo dictamen en distintas oportunidades sin llegar al recinto. La discusión sigue abierta.