La ley de acceso a la información pública establece que cualquier persona puede pedirle datos a un organismo del Estado sin explicar para qué los quiere, y que el organismo debe responder dentro de un plazo determinado. El principio es que la información pública pertenece a la ciudadanía.
El texto es claro. El cumplimiento, desparejo. Las respuestas llegan tarde, incompletas, en formatos que dificultan el análisis —una tabla escaneada como imagen, por ejemplo— o directamente no llegan. El silencio también está previsto en la ley y habilita un reclamo, pero el reclamo suma meses.
Qué se puede hacer cuando no contestan
Ante una negativa o un silencio, el solicitante puede reclamar ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tiene facultades para ordenar la entrega. También queda abierta la vía judicial mediante un amparo por mora.
Las organizaciones que monitorean el tema señalan que los pedidos más resistidos son los que involucran contrataciones, salarios de funcionarios y ejecución presupuestaria.
Los formularios de solicitud están disponibles en línea y no requieren patrocinio letrado.