La ley de defensa de la actividad librera establece que el precio de venta al público de un libro lo fija el editor o el importador, y que todos los puntos de venta deben respetarlo durante un plazo determinado desde su publicación.
El objetivo declarado es proteger a las librerías pequeñas frente a las cadenas y a las grandes superficies, que podrían vender los títulos de mayor rotación por debajo del costo para atraer clientes, algo que dejaría a las librerías independientes sin su producto más vendible.
Los argumentos en contra
Quienes objetan la norma sostienen que impide la competencia por precio y encarece el acceso al libro. Los defensores responden que sin ella se reduciría la variedad disponible, porque las librerías de fondo editorial no sobrevivirían.
Modelos similares existen en varios países europeos y los estudios comparados sobre su efecto en la diversidad de títulos no son concluyentes.
El texto de la ley y sus excepciones son de acceso público.