Cada gobierno rediseña el organigrama al asumir, y esa decisión se presenta habitualmente como una cuestión de eficiencia administrativa. En los hechos es, sobre todo, una redistribución de poder: define qué funcionario firma qué expediente y administra qué partida.
Fusionar dos ministerios en una secretaría no elimina las funciones —siguen siendo obligaciones legales del Estado— pero cambia el rango de quien las ejecuta y su lugar en la mesa de decisiones.
El efecto sobre la gestión
Los especialistas en administración pública señalan que las reestructuraciones tienen un costo de transición alto: se rearman circuitos, se redefinen competencias y los trámites se demoran mientras dura la mudanza institucional.
También hay un efecto sobre el seguimiento del gasto. Cuando una partida cambia de jurisdicción entre un presupuesto y otro, comparar series históricas se vuelve más difícil, algo que complica el control parlamentario y el periodístico.
El organigrama se formaliza por decreto, lo que permite modificarlo sin pasar por el Congreso.