Que el Congreso apruebe una ley no significa que la ley esté funcionando. Entre la sanción y la aplicación efectiva hay un recorrido que puede llevar meses y en el que la norma todavía puede cambiar de sentido.

Primero el Ejecutivo promulga —o veta—. Después la ley se publica en el Boletín Oficial y entra en vigencia según lo que ella misma establezca. Y luego, en la mayoría de los casos, hace falta un decreto reglamentario que defina cómo se aplica.

La reglamentación como segundo tiempo

Ese decreto es donde se define lo operativo: plazos, organismos responsables, formularios, requisitos. Una reglamentación restrictiva puede acotar mucho el alcance de una ley amplia, y una reglamentación que no llega la deja sin efecto práctico.

No hay un plazo general que obligue al Ejecutivo a reglamentar. Algunas leyes lo fijan en su propio texto; cuando no lo hacen, la demora puede extenderse indefinidamente.

El estado de reglamentación de cada norma puede consultarse en el sistema de información legislativa.