La relación entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema atraviesa un período de tensión que combina tres frentes distintos: las vacantes en el tribunal, la discusión sobre el presupuesto judicial y una serie de fallos sobre competencias entre la Nación y las provincias.
La cobertura de vacantes requiere acuerdo del Senado con dos tercios de los presentes, un umbral alto que obliga a negociar con la oposición. Cuando ese acuerdo no aparece, el tribunal funciona incompleto durante períodos largos, algo que ya ocurrió varias veces.
El presupuesto como punto de fricción
El Poder Judicial se financia con una porción de la recaudación y con partidas del presupuesto nacional. Cada discusión sobre esas partidas se lee en clave institucional, porque toca la independencia del poder que controla a los otros dos.
A eso se suman los fallos sobre reparto de recursos entre Nación y provincias, que en los últimos años convirtieron a la Corte en árbitro de conflictos que la política no resolvió.
Ninguno de los tres frentes tiene una salida rápida. Todos requieren mayorías que hoy no están reunidas.